La embajada de Estados Unidos en Israel ofrece servicios consulares en Cisjordania ocupada, normalizando asentamientos ilegales y los planes de anexión ilegítimos del territorio palestino por parte de Israel, cuyo Gobierno agradeció a Washington el fortalecimiento de las relaciones bilaterales, socavando cualquier posibilidad de paz duradera.

El régimen sionista celebró a través de sus redes sociales la decisión de la embajada de EE.UU. en Jerusalén «de extender los servicios consulares a los ciudadanos estadounidenses» en Cisjordania pese a que es una medida irregular y arbitraria sobre el territorio palestino. Tel Aviv agradeció a Washington por «hacer que la relación entre Israel y los EE.UU. sea más estrecha y fuerte que nunca».

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Al respecto, el exportavoz del departamento de negociaciones de la Organización para la Liberación de Palestina (OLP), Xavier Abu Eid, condenó que, contradictoriamente, “cinco meses después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, dijera que está en contra de la anexión, sus representantes en el terreno están brindando servicios dentro de los asentamientos israelíes, tratando efectivamente toda la tierra como parte de Israel”.

La medida pretende permitir a los colonos israelíes ilegales renovar o emitir pasaportes sin viajar a Jerusalén o Tel Aviv.

En un comunicado, la embajada estadounidense dijo que el proyecto se lleva a cabo como parte de los esfuerzos para llegar a todos los ciudadanos estadounidenses en el extranjero. Informó que prestará el servicio en la ciudad cisjordana de Ramallah, así como en Haifa, Netanya y otras ciudades ocupadas por Israel.

Desde 2025 y febrero de 2026 Israel avanza en la anexión de facto de Cisjordania ocupada con una serie de medidas ilegales y ilegítimas aprobadas. Estas acciones buscan legalizar la expropiación de tierras palestinas, vulnerando el derecho internacional.

A principios de febrero de 2026, el Gobierno israelí aprobó un proceso de registro que permite reclamar territorio en la Cisjordania ocupada como «propiedad estatal» si los palestinos no demuestran su titularidad. Esta medida, catalogada como anexión de facto, es ilegal bajo las normativas internacionales que prohíben la apropiación de tierras en territorios bajo ocupación.

El 8 de febrero de 2026, el gabinete de seguridad israelí dio luz verde a nuevas disposiciones para revisar drásticamente el marco legal y civil de Cisjordania, con el objetivo de expandir aún más los asentamientos ilegales y consolidar su control sobre el territorio.

Estas acciones se enmarcan en una retórica expansionista. Funcionarios israelíes han solicitado públicamente la expansión de las fronteras hasta el río Éufrates, una aspiración territorial que ha incluido partes de Arabia Saudita y Jordania en mapas de un «Gran Israel». El embajador de Estados Unidos en Israel, Mike Huckabee, incluso declaró que «estaría bien si se lo llevaran todo», invocando un supuesto derecho «bíblico», comentarios que Arabia Saudita, Turquía y otros Estados árabes y regionales condenaron como “peligrosos e incendiarios”.

En 2025, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, autorizó la reactivación del controvertido proyecto de asentamiento E1. Este plan busca conectar Maale Adumim con la Jerusalén Oriental ocupada, un área considerada vital para la contigüidad y viabilidad de un futuro Estado palestino.

La construcción de asentamientos en territorio ocupado es un acto ilegal según el derecho internacional y las resoluciones de la ONU. El proyecto E1, en particular, representa un obstáculo insuperable para la solución de dos Estados, fragmentando aún más el territorio palestino y socavando cualquier perspectiva de paz duradera.

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